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OPINIÓN

Bofetada de realidad

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Objeción

Por Maria Idalia Gomez

(Segunda y última parte)

El lenguaje lo dice todo. A finales de la semana pasada, unos días después de que se descubriera el cadáver del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, un excomandante local dio a conocer un video en el que se aprecia al informador de rodillas, maniatado, la mitad de la cabeza vendada y en ropa interior, la cual tiene gotas de sangre.

A Edgar lo interroga un hombre de voz joven que, a diferencia de otros videos similares, utiliza un lenguaje poco obsceno. La “confesión” del fotoperiodista es directa y bien organizada, y revela que él se asume como “detenido”; no dice, como se utiliza erróneamente en la jerga policiaca, que lo levantaron, sino dice “estoy detenido”. Edgar fue torturado, de acuerdo a la necropsia.

Todo este escenario montado abre líneas muy interesantes de investigación, que están en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Si el asesinato de Edgar había generado menos escándalo que otros crímenes de periodistas, por parte de organizaciones mexicanas y activistas, la difusión de este video en el que “confiesa” trabajar para el Cártel del Noroeste por tres mil pesos al mes, amplió el silencio descalificador sobre su caso y alentó los juicios negativos contra el fotoperiodista. Sin embargo, son precisamente estas imágenes y su crimen las que deberían ser un golpe al gremio periodístico que navega entre discursos, simulaciones y acciones limitadas. Y provocar una profunda y honesta autocrítica.

Edgar tenía 23 años de edad, apenas dos de ejercer el periodismo en San Luis Potosí. Trabajaba en tres medios para obtener un salario digno y, si hacemos caso a sus palabras en el video, seis meses atrás, en enero, cayó en una emboscada. Un reportero lo invitó a una fiesta donde miembros del Cártel lo “tablearon”, un castigo muy doloroso: golpes con una madera en glúteos y espalda.

No se trata de justificar, sino de comprender. Este fenómeno está ocurriendo ahora mismo en otros estados y no responde a la voluntad de corromperse de un reportero, sino a la renuncia de las instituciones de Estado que dejaron de hacer su trabajo, abandonando a los ciudadanos y con ellos a los periodistas. Y a los propios medios de comunicación y organizaciones que no reaccionan y también abandonan a sus reporteros.

Por eso, el crimen de Edgar también es responsabilidad de las dependencias federales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su programa para atender los ataques a libertad de expresión, debió alzar la voz, exigir la atención del caso y que se garantizara la seguridad de Edgar, y no lo hizo. Y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, que debió atraer el caso de las amenazas, no sólo porque se hizo público, sino porque al igual que la CNDH tiene un lugar en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Gobernación, en donde fue notificado o por lo menos debió coadyuvar en las pesquisas, dado que de origen existía el riesgo de que no se investigara a los propios funcionarios de la Procuraduría estatal que habrían amenazado a Edgar en julio pasado.

Y sobre el Mecanismo de Gobernación ya no existe la menor duda, debe asumir su responsabilidad. En su comunicado, en el que “lamentó” el crimen, confesó su incapacidad. Sostuvo que la Comisión Estatal le notificó sobre las amenazas a Edgar y “se comunicó inmediatamente con el periodista”, quien reiteró lo que ya había denunciado y “comentó que ya no había tenido ningún nuevo incidente de agresión, amenazas o correos intimidatorios. Refirió además que ya había presentado denuncia penal”. Así, sin más, el Mecanismo, que entre sus obligaciones tiene el hacer evaluaciones del riesgo sobre los casos que conoce y no pretender que la víctima pueda medir, por ella misma, el nivel de riesgo que enfrenta, como lo hizo en el caso de Edgar. De acuerdo a su boletín, no evaluó el nivel de amenaza o riesgo en el que se encontraba el fotoperiodista y se conformó con solicitar a la comisión Estatal “información sobre las medidas de protección dictadas por ese organismo a favor del periodista”.

Pasaron casi 10 semanas y Edgar no recibió protección de nadie. El 5 de octubre fue secuestrado y fue entonces que la CNDH, la Fiscalía y el Mecanismo comenzaron a actuar, sacando comunicados exigiendo su localización “inmediata” y trasladando personal. Ya era demasiado tarde. Todos llegaron tarde, fue asesinado.

Edgar no era un periodista corrupto, era un joven que trató de sobrevivir en ese infierno de guerra que se libra en San Luis Potosí, como ocurre en otros estados, en los que el crimen organizado se convirtió en el jefe de información de varios medios para acallar y así apoderarse más fácilmente de los territorios en disputa.

Es tiempo de responsabilizarnos en serio de lo que ocurre en México.

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